Por: Andrés Ramírez Carvajal

Mediante la resolución núm. 0152-2021/CDA, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual  (INDECOPI) de Perú resolvió ordenar la medida cautelar de cese mediante el bloqueo de una serie de sitios web que proporcionaban servicios de stream-ripping sin la respectiva autorización de los titulares de Derecho de Autor. El INDECOPI concluyó que a través de estos sitios en la web se realizaban actos no autorizados de reproducción y puesta en disposición al público de obras audiovisuales.

En la decisión de las medidas cautelares, se analizó si en las direcciones web y2mate.guru, y2mate.biz, y2mate.info, y2mate.ch, flvto.biz, flvtomp3.cc, flvto.me, notube.net, yout.com y mp3-youtube.download se incurría en actos no autorizados para explotar obras protegidas por el Derecho de Autor y conexos. En específico el INDECOPI analizó si los servicios ofrecidos después del acceso a estos enlaces permitían a los usuarios obtener, mediante descarga digital, copias de grabaciones audiovisuales que se encuentran a disposición del público en plataformas de streaming, tales como YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, entre otras.

Al encontrar que existía un acto de reproducción y comunicación pública de las obras audiovisuales en la modalidad de puesta a disposición, el INDECOPI concluyó que estos sitios web afectaban los derechos patrimoniales de sus legítimos titulares, por lo que ordenó la medida cautelar de cese, bloqueando los sitios web mencionados. La medida cautelar deberá ser acatada y ejecutada por las empresas Americatel Perú S.A., GTD Perú S.A., Olo del Perú S.A.C. y Wi-Net Telecom S.A.C., quienes son proveedoras de servicios de internet.

La resolución puede ser consultada aquí.

Por: Stefania Landaeta Chinchilla

 El 28 de julio de 2021, la Corte Suprema de Justicia sentó importante doctrina jurisprudencial en materia de infracción a derechos de autor sobre software, en fallo^[1] que resolvió recurso de casación presentado por Carlos Enrique Estupiñán Monje, Softpymes SAS y Germán Alberto Restrepo Fernández, frente a la sentencia de 6 de julio de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil. Todo lo anterior dentro del proceso en el que figuró como demandante el señor Carlos Enrique Estupiñán contra los demandados: Softpymes SAS, Germán Alberto Restrepo Fernández, y otros.

Los principales hechos que dieron origen al litigio fueron los siguientes:

1. Carlos Enrique Estupiñán creó el software de contabilidad denominado Unolighty Sistema de Información Gerencial (SIG), en adelante SIG. Este software fue registrado en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos de América en 1993.
2. Inicialmente el software SIG estaba escrito en lenguaje Visual Foxpro 3.1., por lo que el autor de SIG y demandante contrató a Germán Alberto Restrepo Fernández para actualizarlo y modernizarlo, para lo cual suscribió un contrato de servicios y confidencialidad en el año 2001.
3. El señor Restrepo Fernández desarrolló el software contable UNOPYMES. Este software fue registrado en la Dirección Nacional de Derecho de Autor como de su autoría en el año 2003.
4. En el año 2005 se dio por terminado el servicio de programación para la actualización de SIG que Restrepo Fernández le prestó a Carlos Enrique Estupiñán creador de SIG.
5. La sociedad SIESA S.A., ahora Softpymes S.A.S. inició la comercialización de UNOPYMES en abril de 2006.
6. Carlos Enrique Estupiñán presentó demanda civil contra los referidos demandados por la infracción a los derechos morales y patrimoniales de autor sobre su creación SIG, al considerar que el programa UNOPYMES era una copia de SIG con alteraciones irrelevantes y superfluas. Sostuvo que, Restrepo Fernández no tenía la experiencia ni el conocimiento para desarrollar un nuevo sistema de información contable, menos en un plazo tan corto, dos años (entre 2001 y 2003). Resaltó el demandante que no había autorizado la realización y comercialización de UNOPYMES y muchos menos participado de las regalías de explotación de dicho software. Así, solicitó que se declarara que los demandados habían infringido los derechos morales y patrimoniales de autor al copiar, transformar, usar y explotar su software SIG, en el software UNOPYMES, y que se impusiera a los demandados el pago de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. También solicitó que se reconociera la paternidad de UNOPYMES al creador de SIG, esto es Carlos Estupiñán.
7. Frente a las pretensiones del demandante los demandados sostuvieron que UNOPYMES no se trataba de una copia de SIG, particularmente porque hubo un esfuerzo de programación superior en UNOPYMES, con un código fuente más extenso y mayores procesos, por el diseño de bases de datos, clases, plantillas, reportes incluidos y lógica empleada. Además, los dos programas de computación tienen un código fuente distinto y están escritos en diferente lenguaje de programación.
8. Mientras el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá en el año 2014, denegó las pretensiones, al no encontrar demostrada la infracción a los derechos de autor, en segunda instancia el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el año 2017, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró civil y solidariamente responsables a Germán Alberto Restrepo Fernández y a Softpymes S.A.S. del pago de los perjuicios ocasionados a Carlos Enrique Estupiñán Monje, por la infracción de sus derechos patrimoniales y morales, condenando al pago de $147.633.372 por la violación de derechos patrimoniales. El daño moral fue tasado en $25.000.000. También emitió algunas órdenes dirigidas a garantizar el derecho de paternidad. El Tribunal alegó, especialmente las siguientes razones para encontrar civilmente responsables a los demandados:

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El artista bajo el seudónimo de “BANSKY” perdió el litigio que se suscitó por el registro marcario de una de sus obras monocromáticas, conocida como “Ríete Ahora”[1]. La marca solicitada el 07 de noviembre de 2018 y registrada el 08 de junio de 2019 ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, enfrentó la acción de cancelación basada en la invalidez de esta, en tanto el accionante argumentó que el titular requirió el registro marcario como un “(…) intento de monopolizar imágenes por tiempo indefinido, contrariamente a lo dispuesto en la legislación en materia de derechos de autor”. En el tiempo procesal correspondiente, el representante del titular argumentó que el derecho marcario como derecho de autor no son excluyentes, sobre todo en obras públicas, pues tan solo “proporcionan derechos y recursos diferentes” puesto consideró que es el titular el que debe escoger las prácticas comerciales necesarias para proteger sus obras en el comercio según dependa el caso.

La División de Anulación de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), reiteró que la mala fe se prevé si el registro de la marca es “(…) una solicitud de marca presentada sin intención de usar la marca en relación con los productos y servicios cubiertos por el registro constituye mala fe si el solicitante del registro de dicha marca tenía la intención de perjudicar”. Conforme a lo anterior, el proceso demostró que el artista desde la creación de la obra hasta la concesión del registro no tuvo la voluntad de utilizar el registro marcario para identificar bienes y servicios sino la misma se utilizó para reivindicar expresiones artísticas de un personaje mundialmente conocido, variando ya bien sea desde el formato de presentación como el método de distribución de la obra.

En conjunto a la mala fe, la EUIPO consideró que el titular del registro marcario no tuvo el interés de proteger la marca en el mercado, ya bien sea de la vulgarización o de competencia desleal que lo podía amenazar en el mercado globalizado, debido que se demostró que el artista puso a disposición el elemento gráfico que lo representa en páginas web o canales de distribución masivos que permitía e invitaban a sus usuarios a la descarga y uso del mismo, permitiendo no solo la descarga de la misma sino además consintiendo que su obra pueda ser modificada sin la intervención del artista.

La decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea puede ser consultada en: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017981629

[1] Bansky, (2001), Laugh Now (Graffiti).

Por: Stefania Landaeta Chinchilla

El pasado 21 de junio de 2021, la Dirección Nacional de Derecho De Autor y Derechos Conexos del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – SENADI del Ecuador, emitió Resolución N° SENADI-DNDAYDC-2021-017-R resolviendo las tutelas administrativas No. 015-2020-DNDAYDC y 016-2020-DNDAYDC. Las citadas tutelas administrativas que provocaron el fallo del SENADI fueron iniciadas por la sociedad de gestión colectiva UNIÓN DE AUTORES Y ARTISTAS AUDIOVISUALES DEL ECUADOR, UNIARTE contra la CORPORACIÓN ECUATORIANA DE TELEVISIÓN C. LTDA. y la TELEVISORA NACIONAL COMPAÑÍA ANÓNIMA TELENACIONAL C.A.

UNIARTE, alegó que las empresas accionadas estaban desconociendo el derecho de remuneración equitativa que les asiste a los artistas intérpretes o ejecutantes por la comunicación pública, mediante radiodifusión y puesta a disposición de las interpretaciones y ejecuciones expresadas en fijaciones audiovisuales, de conformidad con el artículo 225 y 227 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Ello por cuando las empresas CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION C. LTDA. y TELEVISORA NACIONAL COMPAÑÍA ANÓNIMA TELENACIONAL comunicaban por televisión y en su portal web www.ecuavisa.com contenido audiovisual, entre el que se incluían grabaciones audiovisuales que comprendían interpretaciones y ejecuciones de artistas intérpretes audiovisuales. Por lo anterior, la actora solicitó la imposición la máxima económica por las infracciones a derechos de propiedad intelectual y el pago de una compensación económica por los actos de comunicación pública de las interpretaciones y ejecuciones contenidas en fijaciones audiovisuales, todo ello durante los años 2016 a 2020, aplicando las tarifas de UNIARTE.

Las empresas accionadas, por su parte alegaron, entre otras razones, dos principales, la primera, que si bien el 25 de junio de 2015 se otorgó el permiso de funcionamiento de UNIARTE, no fue sino hasta el 14 de febrero de 2019 que se aprobaron definitivamente las tarifas generales de UNIARTE, por lo que no podía exigírseles un pago por un derecho sobre el cual no se había fijado la tarifa correspondiente. Así, por cuanto la sociedad de gestión colectiva UNIARTE solo pudo ejercer plenamente su función como sociedad de gestión colectiva desde la aprobación de las tarifas, no podía pretenderse recaudar valores desde el 2016 por el principio de irretroactividad de la ley. La segunda razón principal argüida fue que, si bien ECUAVISA se compone de dos compañías que comparten sus socios accionistas, difunden la misma programación y comparten el mismo repertorio de programación en sus diferentes áreas de operación independiente y áreas de operación zonal, por lo que UNIARTE no podía cobrar dos ocasiones por los derechos que gestiona sobre una única radiodifusión, que se realiza en cadena, o desde una sola matriz.

Frente a las pretensiones de las partes, la Dirección Nacional de Derecho De Autor y Derechos Conexos del SENADI consideró que UNIARTE como sociedad de gestión colectiva, a quien por ley le había sido encargada la gestión obligatoria del derecho de remuneración equitativa y única de interpretes y ejecutantes fijadas en obras audiovisuales, tenía la legitimidad para reclamar el pago de la remuneración equitativa y única de los interpretes y ejecutantes mencionados.

También señaló que, efectivamente se había generado la comunicación pública de las interpretaciones y ejecuciones por televisión y en el portal web www.ecuavisa.com, particularmente a través de radiodifusión y puesta a disposición al público del contenido audiovisual que contenía interpretaciones y ejecuciones de artistas intérpretes audiovisuales. Por ello, sí se generó el derecho de remuneración equitativa y única a favor de los representados por UNIARTE.

Respecto a lo indicado por las empresas accionadas, de que UNIARTE sólo podía cobrar el derecho de remuneración equitativa y única sólo con posterioridad a la expedición de sus tarifas, esto es, a partir del 14 de febrero de 2019, el SENADI dispuso que aunque las tarifas generales entraron en vigencia realmente el 05 de julio de 2018 no se podían exigir pagos de manera previa a la entrada en vigor de las tarifas.

En cambio rechazó la pretensión de las accionadas, relacionada con que al pertenecer estas al mismo grupo empresarial y emitir los mismos contenidos en horarios iguales, las emisiones no podían generar un pago doble. Así, el SENADI dispuso que sin importar que las empresas de la cadena televisiva ECUAVISA pertenecieran a un mismo grupo empresarial, las obligaciones en cada medio de difusión se generaban de forma independiente para cada una de las compañías, en cuanto a organismos de radiodifusión autónomos, obligándolas a responder por los pagos de manera individual.

Finalmente el SENADI, a través de su Dirección Nacional de Derecho De Autor y Derechos Conexos, declaró en contra de las empresas accionadas, la existencia de infracciones a los artículos 225 y 227 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación por el desconocimiento derecho de remuneración equitativa y única a favor de los artistas intérpretes y ejecutantes de obras audiovisuales entre el 5 de julio de 2018 y el 11 de septiembre de 2020. Por tal infracción el SENADI también impuso a tales empresas la máxima sanción económica (142 salarios básicos unificados), esto es una multa de $56.800 (Cincuenta y seis mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América).

La Resolución N° SENADI-DNDAYDC-2021-017-R puede ser consultada aquí.

Por: Karla Correa Rojas

El artista Jeff Koons y el Centro Georges Pompidou fueron condenados en segunda instancia por el Tribunal de Apelaciones de París (Cour d’appel de Paris) a pagar la suma de 190.000 euros y a abstenerse de reproducir y comunicar públicamente la escultura denominada “Fait d’hiver”, por considerar que esta obra consistía en una reproducción no autorizada de una obra fotográfica que hacía parte de un anuncio publicitario de una marca de ropa.

En el año 1985, el demandante creó un anuncio titulado “Fait d’hiver” para la campaña publicitaria de una marca de ropa. El anuncio consistía en la figura de una persona acostada sobre la nieve y acompañada de un cerdo, sin embargo, en el 2014, el creador del anuncio publicitario encontró una escultura que presentaba ciertas similitudes con su anuncio publicitario en una exposición de arte y que tenía por fecha de creación el año de 1988. La escultura se presentaba en una exposición de obras en el Centro Georges Pompidou y consistía en la figura de una persona acostada en el piso, acompañada de un cerdo y unos pingüinos.

El demandante fundamentó su reclamación sobre el hecho que la escultura y la obra fotográfica previamente publicada presentaban coincidencias en cuanto a sus elementos sustanciales (un cerdo y una persona acostada). Por su parte, los demandados alegaron que la imagen publicitaria consistía en una idea no susceptible de protección por el Derecho de Autor y que la escultura debería ser considerada como una parodia y que además su elaboración y comunicación al público estaría amparada por el derecho a la libertad de expresión.

Aun así, a pesar de los argumentos de defensa de los demandados, el Tribunal de primera instancia de París (Tribunal de grande instance de Paris) condenó a los demandados y declaró que la escultura en efecto incluía suficientes semejanzas con la obra fotográfica utilizada en el anuncio publicitario como para ser considerada un plagio.

A pesar de que los demandantes recurrieron esta decisión, el Tribunal de segunda instancia confirmó la decisión recurrida y fundamentó su condena sobre el hecho de que la obra fotográfica era original y que la escultura presentaba muchas similitudes respecto de los elementos sustanciales que conformaban el anuncio publicitario. Adicionalmente, en cuanto al argumento de parodia, el juez determinó que no existían en la escultura elementos humorísticos o que pudieran vincular la escultura de manera crítica o mordaz con la obra fotográfica y, finalmente sobre el argumento del amparo por el derecho a la libertad de expresión, el Tribunal consideró que los derechos de autor son un límite a la libre expresión.

El texto del fallo puede ser consultado aquí.