Por: Juan Sebastián Sánchez Polanco[1]

El pasado mes de junio, un procurador provincial de Barranquilla sancionó con seis meses de suspensión al alcalde de Santo Tomás, Atlántico, por autorizar la realización de eventos públicos sin exigir a empresarios y responsables el comprobante de pago por derecho de autor de las obras ejecutadas en dichos eventos.

Dicho alcalde permitía la realización de estos eventos públicos con la cancelación a un gestor individual que no contaba con los derechos de las obras comunicadas al público, siendo la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia – SAYCO, la sociedad de gestión colectiva para este efecto.

El procurador provincial, en su fallo identificado con radicado E-2018-038185/IUC D-2018-1080983 encontró responsable de incumplir los deberes contenidos en la Constitución y la Ley sobre Propiedad Intelectual a título de culpa grave.

Según se informa, al alcalde sancionado se le había informado en repetidas ocasiones que el pago por derechos de autor de los eventos públicos en su municipio, se debía realizar a SAYCO, quien ostenta la gestión de los derechos de las obras comunicadas, sin embargo, el alcalde había hecho caso omiso a estos informes.

Vale la pena recordar que las sociedades de gestión colectiva tienen presunción legal para cobrar y recaudar el pago por el uso de las obras. Ahora bien, también existe la posibilidad de que el titular de los derechos no se afilie a ninguna sociedad de gestión, en este caso se debe sujetar a los requisitos del Art. 2.6.1.2.1 del Decreto 1066 de 2015[2] para gestionar individualmente sus derechos, así:

• Ser titular del Derecho de Autor o Conexo o representante legítimo de algún titular (contrato de mandato)
• Acreditar su calidad de titular.
• Especificar las obras o prestaciones que administra.
• Podrá expedir comprobantes de pago como lo dice el literal c, Art. 2 de la Ley 232 de 1995.
• Sólo podrán autorizar el uso y cobrar por las obras que administren.

Para ver el acta de audiencia de fallo de primera instancia de la procuraduría provincial de Barranquilla, haga clic aquí.

[1] Abogado de la Universidad El Bosque, maestrando Propiedad Intelectual en la Universidad Austral de Buenos Aires, asesor del Gerente de Coordinación y Control de Gestión del INCAA, miembro de CECOLDA y Miembro de la Comisión de Derecho de Autor de la AABA.

[2] Decreto 1066 de 2015, de 26 de mayo, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior: (BOE num. 49523, de 26 de mayo de 2015)

Por: Pablo Miguel Páez Chaljub.

Análisis del Proceso Verbal de Microsoft Corp. Contra Imdicol Ltda.

Referencia: 1-2018-16302

02 de mayo de 2019

Fallador: Subdirección de Asuntos Jusrisdiccionales DNDA , Juez: Carlos Andrés Corredor Blanco

El proceso inició con una demanda presentada por Microsoft Corporation en contra de la sociedad Imdicol Ltda por una presunta infracción de Derechos de Autor. La Demandante afirmó que, luego de la práctica de una Inspección Judicial Extraprocesal con la intervención de un perito, se verificó que la sociedad Imdicol Ltda. tenía en sus ordenadores y usaba varios programas de Microsoft Corp. sin contar con las respectivas licencias.

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Por: Stefanía Landaeta Chinchilla

El nuevo derecho de remuneración para los autores de obras audiovisuales, creado por la Ley Pepe Sánchez (Ley 1835 de 2017), ha sido ratificado por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-069 del 20 de febrero de 2019. Aunque ya han pasado varios meses desde que la Corte se pronunció, recientemente se publicó su texto completo, y queremos rememorar los principales argumentos expuestos en esta decisión, que sirvieron para respaldar un derecho que dignifica la labor de los autores de obras audiovisuales.

En dicha decisión, se examinó si la expresión “No obstante, la presunción de cesión de los derechos de los autores establecidos en el artículo 95 de la presente ley, conservarán en todo caso el derecho a recibir una remuneración equitativa” generaba una vulneración a los preceptos constitucionales de la autonomía de la voluntad privada y la igualdad. Además se alegaba en la demanda que este derecho suponía el desconocimiento del principio de irretroactividad de la ley y la garantía de los derechos adquiridos, al disponer que la remuneración no estaría comprendida en las cesiones de derechos efectuadas con anterioridad a la expedición de la Ley Pepe Sánchez.

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Por: Juan Sebastián Sánchez Polanco[1]

Los avances de la tecnología están demandando normativas que se acomoden a ella. El Derecho de Autor no es una excepción, estamos frente a la era digital donde las obras circulan libremente por la red y éstas son explotadas por los medios que el siglo XXI ofrece.

Como una respuesta a las exigencias de la tecnología, el Congreso de la República aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo - PND una modificación al Art. 183 de la Ley 23 de 1982. Este artículo regula los acuerdos que se hagan sobre los derechos patrimoniales de autor cuando estos se transfieran o licencien. Al Art 183 se le agregó:

Lo que expresa la modificación es que al momento de firmar una transferencia, autorización o licencia de derechos patrimoniales de autor o conexos sólo serán válidas las estipulaciones que versen sobre formas de explotación que se conozcan al momento que se firma del documento.

Entendido un contrato como un vehículo mediante el cual las partes se autorregulan a través de un acuerdo, no podría existir una estipulación donde se estableciera que las obras se podrían explotar por medios desconocidos al momento de la firma, pues quedarían cabos sueltos y temas sin negociar concretamente.

Este tipo de acuerdos atentaban contra un principio general del Derecho de Autor como lo es la independencia de los derechos, el cual establece que el titular de derechos debe negociar todos y cada uno de los derechos a licenciar o transferir, así como su forma de explotación y que en ningún caso una autorización se extenderá a otras similares o diferentes.

En la práctica contractual era usual que las cláusulas apuntaran a que las obras, objeto del contrato, fuera explotadas por todos los medios conocidos y por conocer, dejando al titular de los derechos en una posición de vulnerabilidad. Estaba firmando una letra en blanco de la cual no sabía el resultado.

Es apenas lógico que, si durante la ejecución del contrato se descubre una nueva forma de explotación de las obras, las partes se sienten a negociar esa nueva forma de explotación y acuerden las condiciones de esta. Y aún más importante que el titular exprese su voluntad de autorizar, licenciar o transferir el derecho sobre esa forma descubierta.

Para concluir, podemos afirmar que esta modificación a la Ley de Derecho de Autor refuerza los derechos de los autores y titulares de derechos, al dejar sin eficacia alguna cualquier estipulación contractual tan abierta y futurista. Es un llamado para que al momento de celebrar estos acuerdos se haga de la forma más transparente y se usen los medios conocidos de explotación, los cuales el autor puede negociar.

[1] Abogado de la Universidad El Bosque, maestrando Propiedad Intelectual en la Universidad Austral de Buenos Aires, asesor del Gerente de Coordinación y Control de Gestión del INCAA y Miembro de la comisión de Derecho de Autor de la AABA, miembro de CECOLDA

Por: Yecid Ríos*

El 23 de abril de cada año se celebra el día internacional del libro y del derecho de autor. Se trata de un día simbólico para las letras universales, pues precisamente un 23 de abril de 1616 fallecieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.

No es coincidencia que el día del derecho de autor sea al mismo tiempo el del libro, pues fue a partir de la imprenta de Gutenberg que el libro se masificó como producto cultural, se creó la industria editorial y, en ese contexto económico y social, fue que varios de los escritores más connotados del siglo XVIII y XIX impulsaron un sistema jurídico de protección: el derecho de autor.

En la génesis del derecho de autor un bogotano fue determinante: José María Torres Caicedo. Él, nacido en 1827, fue poeta, periodista, editor, abogado y diplomático que abandonó el país en 1850; desde entonces, y hasta su muerte, se codeó con lo más granado de la élite intelectual y política europea. Sus gestiones diplomáticas en representación de nuestro país, y de otras naciones latinoamericanas, fueron determinantes en la concepción y negociación del Convenio de Berna de 1886, el más importante instrumento internacional en la materia, hoy administrado por la OMPI y del cual hacen parte 176 países.

En 1880 Torres Caicedo, junto con Víctor Hugo, fundó la Asociación Literaria y Artística Internacional (ALAI), de la cual luego se convertiría en su presidente. Desde los diferentes congresos literarios organizados por la Asociación se concibió e impulsó la idea de contar con un instrumento de derecho internacional que armonizara los principios básicos del derecho de autor.

José María Torres Caicedo defendió en vida la idea de que los autores tiene un derecho de propiedad sobre sus obras, lo llamaban la “Propiedad Literaria”. En su momento esta idea rompió con el paradigma del antiguó régimen. Los autores tomaron consciencia de su papel y del valor de su producción intelectual; ya no serían más los arlequines del monarca, a cambio del favor o privilegio del mecenas o del príncipe reclamaron un derecho: el derecho de autor.

Solo hasta 2010 la comunidad jurídica, gracias a las investigaciones de Jhonny Pabón, vino a conocer y reivindicar el importante papel José María Torres Caicedo en esta materia, es momento que la comunidad en general conozca y valore el papel de este insigne compatriota.

*Presidente del Centro Colombiano de Derecho de Autor; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

** Imagen extraída de: http://goo.gl/ttqDct