Por Stefania Landaeta Chinchilla

El pasado 16 de octubre del presente año, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI dio a conocer los Indicadores mundiales de propiedad intelectual para el año 2019. Uno de los capítulos que comprenden dichos indicadores es el referente a la Industria Editorial[1]. Las importantes cifras que se revelan fueron obtenidas gracias a los datos ofrecidos por la Asociación Internacional de Editores (IPA), datos legales compilados por la OMPI, datos proporcionados por Nielsen Company, y otros facilitados por la Federación de Editores Europeos (FEP) y por el Centro Regional para al Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC). El alcance de las encuestas y datos que soportan el estudio tratan sobre las obras publicadas con un número ISBN, un Identificador de Objeto Digital (DOI) o cualquier otro identificador de libros, para 58 países. Es de resaltar que los indicadores se centran en los sectores comercial y educativo, excluyendo el sector tecnológico y médico.

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El pasado 18 de noviembre el Gobierno de Colombia postuló al jurista Colombiano Marco Matías Alemán, para el cargo de Director General de la OMPI.

El Dr. Marco Matías ha tenido una destacada carrera en el área de la Propiedad Intelectual, tanto a nivel nacional como en la misma OMPI, donde labora hace más de 20 años y actualmente se desempeña como Director de la División de Patentes. Además es un amigo y conocido de este centro de estudios.

Para Colombia y para la propiedad intelectual en general sería una gran oportunidad contar con un director de las calidades profesionales y personales del Dr. Marco Matías Alemán. Por ello, la Junta Directiva de CECOLDA autorizó la remisión de una nota a la Cancillería de Colombia (puede consultarse aquí), en respaldo a esta postulación.

Las hojas de vida de los candidatos y la información sobre el proceso de elección del Director de la OMPI puede consultarse en: https://www.wipo.int/about-wipo/en/elections2020/

El 28 de marzo de 2013, nueve sociedades de gestión (BBI, CBRA, CRC, CRRA, CCC, DRTVC, FWS, MCB y SOCAN)[1] presentaron una propuesta de tarifa a los derechos de retransmisión para la señal a distancia de televisión para los años 2014 – 2018, en base a la prerrogativa que les brinda la sección 71 de la Ley de Derechos de Autor[2], donde propone que los retransmisores de la señal a distancia cumpla con la tarifa de C$1.06 para 2014 hasta C$1.39 para 2018 por cada mes que el suscriptor reciba el servicio. Sin embargo, en función al derecho que tienen los usuarios y representantes de las sociedades de gestión colectiva a oponerse o pronunciarse a la tarifa de derechos de retransmisión, el 31 de Julio de 2013, se presentó oposición a las tarifas que se presentaron con anterioridad.

Ante las discrepancias, las sociedades presentaron en mayo de 2015 una tarifa más alta, iniciando por C$2.00 para 2014 hasta C$ 2.38 para 2018, por cada mes que el suscriptor el servicio. Ante el alza, las sociedades consideraron que los pequeños retransmisores de podrían tener una tarifa menor en razón al tiempo y comportamiento de la transmisión. La propuesta causó gran sobresalto, ya que la tarifa a comparación era la comprendida entre los años 2009 y 2013 que consideró que ante la retransmisión de la señal se debía cobrar C$0.98 por mes que el usuario recibía la señal.

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El debate que se desarrolla ante el TJUE y las recomendaciones de su abogado general

Por: Pablo Miguel Páez Chaljub

El 25 de agosto de 2010 la compañía IT Development celebró un contrato de licencia de software con Free Mobile, una empresa que ofrece servicios de telefonía móvil en Francia. Además de dicha licencia, las compañías acordaron que IT Development se encargaría de hacer el mantenimiento del software “ClickOnSite” cuya función permitía a la licenciataria hacer seguimiento y control en tiempo real de las antenas que eran utilizadas para prestar sus servicios.

Luego de inspeccionar los equipos de la empresa Coraso, una subcontratista de Free Mobile, la compañía IT Development encontró que existía una presunta modificación en el código fuente del software, conducta que vulneraba una de las cláusulas del contrato celebrado por las partes, razón por la cual procedió a instaurar una demanda por infracción de Derecho de Autor en contra de Free Mobile el 18 de junio de 2015. Por su parte, la licenciataria se opuso y formuló una reconvención argumentando que IT Development estaba incurriendo en procedimientos abusivos.

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CECOLDA aclara que la decisión de la SIC mediante la cual se negó el registro de la marca “La Gota Fría” al declarar fundada la oposición interpuesta por TOMÁS ALFONSO ZULETA DÍAZ y EMILIANO ALCIDES ZULETA DÍAZ, por la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal f) de la Decisión 486 de la CAN es de primera instancia y actualmente surte un recurso de apelación ante el Delegado de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Una vez se profiera la decisión de segunda instancia, CECOLDA informará el resultado de la misma.