Por: Manuel Alejandro Rosero Castillo.[1]

El pasado 19 de octubre de 2022, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante TJCA) mediante Interpretación judicial dentro del Proceso 205-IP-2022, con fundamento a la consulta de la Dirección Técnica de Asuntos Jurisdiccionales de La Dirección Nacional de Derecho de Autor de la República de Colombia, aclaró si se configura la obligación de reconocer el derecho de autor de  comunicación pública por la difusión de obras en centros de salud, la suficiencia en la publicación de tarifas a cobrar por las Sociedades de Gestión Colectiva (en adelante SGC) y los criterios de proporcionalidad en los cobros de las SGC.

Bajo el entendido de que la comunicación pública es “(…) Todo acto por el cual una pluralidad de persona pueda tener acceso a todo o parte de ellas, en su forma original o transformada, por medios de que no consisten la distribución de ejemplares”[2], el TJCA consideró que si se configura un acto de comunicación pública cuando los centros de salud, tales como hospitales, clínicas y consultorio, difunden obras y las ponen a disposición de los pacientes.

Del mismo modo, el TJCA consideró que la existencia de la comunicación pública de obras, se reconoce independientemente de si:

• “El centro de salud es público, privado o de naturaleza mixta (…);
• La comunicación pública de obras forma parte o no del objeto social del centro de salud;
• Los pacientes o usuarios han escogido o no la obra u obras;
• Los pacientes o usuarios disfrutan o no de manera efectiva la obra u obras; o,
• Los pacientes o usuarios efectúan o no un pago -independiente, especial, aparte- por e disfrute de la obra u obras.”

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Por: Pedro J. Londoño

La Corte Distrital del Sur de Illinois decidió la demanda interpuesta por la artista y tatuadora norteamericana Catherine Alexander contra las compañías WWE y 2K Games Inc. En la demanda presentada en abril de 2018, la accionante alegaba una infracción a su derecho de autor por parte de los accionados por el uso no autorizado de cinco de sus tatuajes plasmados en el cuerpo del reconocido luchador Randy Orton, entendidos como obras protegidas por el derecho de autor. Los demandados replicaron el personaje de Randy Orton en los videojuegos llamados WWE 2K16, WWE 2K17 y WWE 2K18 junto con los tatuajes que tanto lo caracterizan. Por su lado, las compañías demandadas basaron su defensa en las reglas de "fair use" establecidas por la normativa norteamericana, y en una supuesta licencia de uso implícita que Alexander otorgó a Orton al tatuar sus diseños en una figura pública. También sostuvieron que el uso de los tatuajes era un uso mínimo “the minimis”.

El jurado del caso decidió el pasado 30 de septiembre de 2022 que los demandados no habían probado que el uso de los cinco tatuajes obedeciera a un uso justo. No obstante, el jurado condenó a los demandados por las pérdidas sufridas por la tatuadora a pagar sólo la suma de USD $3750. El jurado no condenó por suma alguna a los demandados por los beneficios que pudieron haber obtenido con el uso no autorizado de los tatuajes. A demás de lo anterior, la juez del asunto dejó claro que la defensa bajo el argumento del uso mínimo era sostenible sólo en casos de uso o copia parcial y pequeña de la obra, “insignificante”, y no como en este caso ocurrió, de la totalidad de la obra.

Esta decisión supone un precedente significativo para los creadores de videojuegos basados en personajes de la vida real, que deberá ser tenido en cuenta a la hora de crear contenidos.

Los documentos del caso pueden ser consultados aquí.

Por: Juliana Lucía Cundy Castro

El pasado 5 de septiembre del 2022, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, TJCA) emitió una decisión que finalizó la acción de incumplimiento tramitada bajo el Proceso 01-AI-2022. La acción fue interpuesta en contra de la República de Colombia, y en particular contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia por un presunto incumplimiento de las disposiciones del Tratado de Creación del TJCA, del Estatuto del TJCA y la Decisión 623 de la Comisión de la Comunidad Andina. El accionante consideraba que, se habían vulnerado las normas andinas al no haberse solicitado la interpretación prejudicial en el marco de un proceso penal relacionado con la presunta comisión del delito de violación a los derechos de autor o derechos conexos, entre otras pretensiones invocadas por el accionante.

En consecuencia, el TJCA sostuvo que en el marco de procesos penales, en principio, las autoridades que conozcan de dichos procesos no están obligadas a solicitar dicha interpretación, ya que “dentro de un proceso penal nacional, la única fuente aplicable es el ordenamiento jurídico interno o aquél que por remisión expresa disponga la legislación del País Miembro”.

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Por Stefania Landaeta Chinchilla[1]

El Consejo de Estado de Colombia, en Sentencia del 25 de agosto de 2022 examinó si la decisión de la Dirección Nacional de Derecho de Autor (en adelante DNDA) de negar el registro de unas botellas de cerveza de Bavaria S.A. como obras de arte aplicado estaba viciada de nulidad.

El demandante, Bavaria S.A. solicitó que se declarara la nulidad de varios oficios de la DNDA mediante los cuales la entidad rechazó la solicitud de registro de las botellas de cerveza de la empresa, basándose en que no eran obras de arte aplicado y por lo tanto no podían ser susceptibles de registro y protección por el derecho de autor.

El demandante alegó la vulneración del artículo 4, literal j de la Decisión 351 de 1993 que protege las obras de arte aplicado. También la violación del artículo 53 de la Decisión 351 y 5.2 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, sobre el registro declarativo de las obras. Además sostuvo que se vulneraron los artículos 3º y 4º de la Ley 44, dado que al negar el registro de las obras de arte aplicado, se perdía la garantía sobre autenticidad y la publicidad pretendida con la inscripción de las mismas. Finalmente, el demandante alegó la vulneración de los artículos 29 de la Constitución Política, 174 y 187 del CPC y 34 del CCA, porque según el demandante, la DNDA rechazó y negó la práctica de pruebas relevantes, encaminadas a probar el carácter artístico de las botellas objeto de registro.

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Por: Andrés Felipe Salazar Roa[1]

A propósito de la creación de empresas basadas en el conocimiento, el pasado 05 de agosto de 2022 el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación expidió el Decreto Reglamentario de la Ley 1838 de 2017 (Decreto Reglamentario 1556 de 2022), a través del cual se fomenta la ciencia, la tecnología y la innovación desde la creación de empresas “Spin Offs”.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 2 del citado Decreto, por Spin Off se entiende: “(…) empresas basadas en el conocimiento, sobre todo aquellos protegidos por derechos de Propiedad Intelectual, gestados en el ámbito de las Instituciones de Educación Superior (…)”, otorgando de esta manera un papel fundamental y protagónico a la propiedad intelectual como fuente principal de la cual se nutren este tipo de empresas y como un factor de desarrollo para la sociedad.

Dentro de los puntos más importantes que despliega esta norma, se encuentra, en primer lugar, las tipologías de Spin Offs reconocidas en Colombia, de la siguiente manera:

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