Por Stefania Landaeta Chinchilla[1]

El pasado 11 de julio de 2019, Francia dio un paso sin precedentes en su política fiscal; la creación de un impuesto para las grandes plataformas digitales. Esta incorporación al sistema legal francés[2] obedece al fenómeno mundial de la digitalización de la economía, que ha generado ganancias principalmente a las empresas de sectores como la publicidad en línea, la explotación de los datos personales para fines publicitarios en internet, la explotación de contenidos creativos en línea, entre otros. Basta recordar las cotizaciones en las grandes bolsas de valores que reportan empresas como Google, Amazon y Facebook, además de las multimillonarias utilidades que generan año a año.

La consecuencia natural de esta rápida digitalización de la economía, es un desajuste en la política fiscal a nivel global, que ha producido importantes vacíos en la regulación de nuevas actividades económicas desarrolladas en internet, además del auge económico de las empresas digitales, sobre aquellas empresas tradicionales, más reguladas y por lo tanto con mayores obligaciones tributarias. El Gobierno francés, por su parte ha sostenido que el 23,2% es la tasa impositiva promedio para una empresa tradicional en la Unión Europea, mientras el 9.5% es la tasa impositiva promedio para un negocio digital que opera en la Unión.

En este contexto, y a pesar de lo novedosa que es la implementación del llamado “impuesto digital o impuesto GAFA[3]” en Francia, una regulación en tal sentido viene discutiéndose desde diciembre de 2015[4] en el plano europeo; la misma, se impulsó especialmente por Francia y Alemania[5] que han pretendido la conformación de una Directiva para regular las obligaciones fiscales de las grandes plataformas en la Unión Europea, como parte del objetivo de mejorar la equidad y la eficiencia de los sistemas tributarios de los países. Aunque las negociaciones entre los estados no han sido pacíficas, y por ello, la conformación de un proyecto de Directiva se mantiene en discusión.

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Por: Pablo Miguel Páez Chaljub

El pasado 28 de marzo de 2018, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recibió una solicitud para la interpretación de los artículos 15 y 21 de la Decisión 351 por parte del Juzgado 42 Civil Municipal de Colombia. Dicha petición se dio en medio del análisis de la demanda interpuesta por la Organización Sayco Acinpro, en contra de la sociedad de transporte FLOTA AYACUCHO S.A., por la ausencia de pago de regalías derivadas del uso de obras musicales en los vehículos de ésta.

El Juzgado consultó al Tribunal Andino sobre el alcance que puede tener la sintonización de emisoras radiales y su posible consideración como un acto de comunicación pública. Además, también fue motivo de interés en la consulta aclarar la forma en que debían comprenderse los actos de entretenimiento individual que podían estar llevando a cabo los conductores de transporte público, así como si aplicaba la excepción relacionada con el uso de obras con fines educativos.

Al respecto, en la interpretación prejudicial 119-IP-2018, el Tribunal señaló que todo acto en el cual se haga uso de obras audiovisuales, a las cuales puedan tener acceso los pasajeros en el transporte público, constituye un acto de comunicación pública. A su vez, se entiende de la misma naturaleza el actuar de los conductores que para su entretenimiento usan obras que pueden ser escuchadas o percibidas por los pasajeros del vehículo. En este sentido, el titular de los derechos está facultado para exigir los rubros que significa esta utilización de la obra, bien sea por sí mismo o por medio de una sociedad de gestión colectiva.

En lo relativo a la excepción del uso de obras con fines educativos sin ánimo de lucro, el Tribunal aclaró que dicha limitación solo puede entenderse operante cuando las personas involucradas se encuentran vinculadas con instituciones educativas. Así, el uso que se hace de las obras bajo esta figura debe darse dentro de la institución o, en su defecto, en las correspondientes actividades que desarrolla, por lo que no aplica para el caso de sistemas de transporte público.

Finalmente, respondiendo a los interrogantes planteados por el solicitante, el Tribunal Andino señaló que las sociedades de transporte público que sintonicen emisoras radiales, están ejerciendo un acto de comunicación pública y, en consecuencia, este acto de comunicación faculta a los titulares de los derechos, o a quien representa sus intereses, para realizar el cobro de las regalías ocasionadas.

La interpretación puede ser consultada aquí.

La Corte Constitucional, en decisión del pasado 31 de julio (Sentencia C-345 de 2019) declaró exequible el artículo 32 de la Ley 1915 de 2018 que introdujo en el ordenamiento Colombiano el régimen de indemnizaciones preestablecidas por infracciones al derecho de autor, los derechos conexos y las medidas tecnológicas de protección.

En lo que se refiere a los doce meses que dicho artículo le confirió al Gobierno Nacional para reglamentar este punto de la ley, la Corte lo declaró exequible condicionalmente, en el entendido de que:  “una vez cumplido ese plazo, el Gobierno no pierde competencia para ejercer la potestad reglamentaria, bien sea para adoptar el respectivo reglamento, para expedir uno nuevo o para modificar, adicionar o derogar el reglamento dictado”.

El Comunicado de prensa de la Corte puede ser consultado aquí. Aún no ha sido publicada la sentencia.

Fecha: Jueves 15 de agosto de 2019
Hora: 6:00 pm
Lugar: Sede Quinta de Mutis de la Universidad El Rosario (Carrera 24 No. 63C-69) Salón 203. 
Hay servicio de parqueadero.

Conferencista: Emilio García Rodriguez

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, con postgrado en Derecho Financiero y Bursátil. Maestría en Derecho Empresarial de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (España). Se ha desempeñado como Director Jurídico del Ministerio de Agricultura de Colombia. Miembro del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y EE UU. Asesor del Gobierno Colombiano en la Negociación del Acuerdo Comercial con la Unión Europea. Profesor Universitario en pregrado y postgrado en derecho de la empresa, competencia y propiedad intelectual. Director de la Especialización en Derecho de la Competencia y Protección al Consumidor de la Universidad Sergio Arboleda. Vicepresidente y Fundador de la Liga de Protección al Consumidor de la Universidad Sergio Arboleda. Arbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá́ , D.C. Conferencista y autor de varios artículos y libros sobre propiedad intelectual y derecho de la competencia. Miembro de CECOLDA
 

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Por: Manuel Alejandro Rosero Castillo.

 A final de abril del año en curso, la Directora General de Youtube Susan Wojcicki, dirigió un comunicado a todos los usuarios de la plataforma informando que se tomarían medidas para proteger las diferentes obras que se involucren en los videos que se publican. En cumplimiento a este aviso, en la semana del 8 de julio el sitio web actualizó las políticas que definen el procedimiento de reclamos que involucran derechos de autor, en el cual se especifica que el reclamante deberá informar el momento exacto en que considere infringidos sus derechos en un video que se reproduzca en la plataforma.

Anteriormente, los usuarios y autores denunciaban la totalidad del video que se presumía infringía los derechos de autor, lo que dificultaba la evaluación, defensa y decisión sobre las sanciones que ameritaba dicha infracción, ya que todas las personas involucradas -en ocasiones envueltos en procesos de inteligencia artificial- no podían identificar las fracciones de video en las cuales se afectaban los derechos de autor de una obra.

Con el fin de proteger cualquier obra y beneficiar al autor de esta, aquel que subía un video podía editar, configurar o reemplazar el video a su arbitrio sin saber si estás modificaciones satisfarían las pretensiones del reclamante, para que sea este el que dirima si este nuevo video protege sus derechos o por el contrario el video continuaba afectando sus derechos, lo que podría resultar en la desmonetización del video o la cancelación de la reproducción de este.

Por lo anterior, el 22 de julio del presente año, se hizo efectivo un procedimiento en el cual todos los reclamantes de las obras deban identificar los momentos exactos donde se afectan los derechos de estas.

Si bien aún se contempla la posibilidad de denunciar el total de un video, se presume que este mecanismo que “mejora la comunicación y compromiso” de los consumidores, sea la herramienta para que estos puedan educarse y crear mecanismo de solución de conflictos más efectivos.

Los cambios en las políticas pueden ser consultados en:  https://support.google.com/youtube/answer/6013276?hl=es